Una vez más, el gobierno de Gustavo Petro se ve salpicado por nuevas pruebas de una presunta relación y filtraciones con el cartel del contrabando liderado por Diego Marín, alias “Papá Pitufo”. Se han documentado grabaciones en las que altos funcionarios del Gobierno Nacional y emisarios del capo negocian su posible ingreso a la política de “Paz Total”, con el objetivo de evitar su extradición a los Estados Unidos.
Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien sostuvo dos reuniones con el abogado del capo, aseguró que dicho encuentro fue autorizado por el presidente de la República y que tenía como propósito el traslado de Marín a Colombia. Sin embargo, en los audios conocidos se advierte que sería una verdadera “hecatombe” para el Gobierno si el capo decidiera revelar todo lo que sabe.
A estos hechos se suman las denuncias sobre la presunta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por parte de “Papá Pitufo”, por un monto cercano a los $500 millones de pesos. Aunque el presidente afirmó haber devuelto ese dinero al enterarse de su origen ilícito, hasta el momento no ha presentado pruebas que respalden dicha devolución.
Este episodio se perfila como un nuevo indicio de posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. A ello se agregan los problemas judiciales que enfrenta el hijo del mandatario y la situación del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien está a la espera de una eventual imputación por la presunta violación de los topes electorales.
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