El 27 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la Nación expidió una resolución mediante la cual suspendió las órdenes de captura de 23 capos pertenecientes a distintos grupos criminales que operan en el Valle de Aburrá.
Esta decisión se tomó a solicitud del Gobierno Nacional, en el marco de su estrategia denominada “Paz Urbana”. No obstante, esta medida no fue un hecho aislado: el 21 de junio de 2025 ya se había realizado un evento público conocido como el “Tarimazo”, en el que varios de estos capos participaron abiertamente junto al Gobierno Nacional en el Centro Administrativo La Alpujarra.
La medida ha generado una fuerte polémica, dado que los beneficiarios de la suspensión continúan dirigiendo bandas y organizaciones criminales que ejercen control territorial en amplias zonas del Valle de Aburrá.
Adicionalmente, no se han evidenciado acciones claras de buena voluntad, como las que normalmente se exigen en un proceso de paz. Por el contrario, lo que parece haberse producido es una estrategia de pacificación orientada principalmente a facilitar la gobernabilidad del Gobierno Nacional, en lugar de una verdadera desarticulación de las estructuras criminales.
Ante la controversia generada, la Fiscalía decidió posteriormente revocar 16 de las órdenes de captura suspendidas, argumentando que no contaba con información suficiente sobre la situación jurídica de algunos de los beneficiarios. Esta justificación resulta poco creíble, ya que el sistema SPOA permite conocer de manera detallada el historial judicial de cualquier persona a partir de su número de identificación. En ese sentido, la revocatoria parece más una maniobra para obstaculizar las acciones jurídicas interpuestas contra la suspensión de las órdenes de captura y, al mismo tiempo, una forma de apaciguar las críticas provenientes de la opinión pública.
La estrategia de la “Paz Urbana” también se ha caracterizado por una notable falta de transparencia. No existe información pública clara sobre los acuerdos alcanzados, los cronogramas, las etapas del proceso ni los límites de las conversaciones, elementos fundamentales en cualquier proceso serio de diálogo o negociación. Por el contrario, resulta evidente que la implementación de esta estrategia en pleno periodo electoral podría favorecer al candidato afín al Gobierno Nacional, Iván Cepeda. Para mantener los beneficios otorgados, los capos tendrían incentivos para asegurar la continuidad del actual proyecto político, lo que implicaría influir en la votación dentro de los territorios que controlan.
En conclusión, esta estrategia de “Paz Urbana” no muestra un camino real hacia la paz. Más bien, se perfila como un mecanismo de alianzas y control territorial que profundiza la desinstitucionalización del Estado y la centralización del poder en cabeza del proyecto político del Pacto Histórico, lo que podría derivar en una nueva e inesperada reconfiguración del poder paramilitar en Colombia.
Dejar una contestacion