📍 Medellín, Antioquia | El concejal de Medellín, Andrés Tobón Villada, lanzó una fuerte alerta sobre presuntas irregularidades al interior del centro penitenciario de Cárcel de Bellavista, respaldadas —según afirmó— con documentos, testimonios y material probatorio que ya está en su poder.
De acuerdo con la denuncia, internos estarían pagando entre 15 y 30 millones de pesos para agilizar traslados desde estaciones de Policía hacia el penal, así como para acceder a beneficios que, por ley, tienen estrictos requisitos. Tobón advirtió que estos hechos serían solo “la punta del iceberg” de una red más amplia de presuntas prácticas irregulares.
Las acusaciones también salpican a funcionarios del establecimiento. Entre los mencionados se encuentran el director del penal, el mayor Díaz Ardila, además de personal de áreas jurídicas y operativas, incluyendo a los dragoneantes Luis Lopera y Juan Camilo Castaño. A estos se suman el capitán Debia, comandante de vigilancia, y el teniente Serna, comandante operativo, quienes, según la información revelada, tendrían posible participación en estas conductas.
Otro de los casos expuestos involucra a Wilfredo Sepúlveda, funcionario adscrito al área de deportes, quien presuntamente habría facilitado el ingreso de elementos prohibidos mediante documentos que aparentaban ser donaciones, pero que habrían sido alterados o falsificados. Asimismo, un funcionario identificado como Quesada sería señalado como intermediario en estas prácticas ilegales.
Uno de los hechos más delicados tiene que ver con la salida de John Freddy Arroyave, alias “Chicha”, un hombre con más de dos décadas de historial criminal. Según la denuncia, aunque un juez le concedió la libertad condicionada al uso de brazalete electrónico, el interno habría salido del penal el 28 de febrero sin el dispositivo, que solo le fue instalado días después. Esto, advierte Tobón, implicaría un incumplimiento grave de la orden judicial y un riesgo para la seguridad ciudadana.
El concejal también alertó sobre presuntas presiones contra funcionarios que se oponen a estas irregularidades, lo que —según dijo— evidenciaría un entorno que castiga a quienes intentan actuar conforme a la ley.Ante la gravedad de los señalamientos, Tobón solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación y de la Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que adelanten investigaciones exhaustivas y determinen responsabilidades.
“Lo que está en juego no son simples trámites carcelarios, sino la institucionalidad y la seguridad de los ciudadanos”, concluyó el cabildante.
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