📍Bogotá, Colombia | El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó fuertes críticas contra una reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación, al anunciar que presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado con el objetivo de frenar sus efectos de manera inmediata.
El mandatario cuestionó con dureza la medida, comparándola con el escándalo del Proceso 8000: “Si con el 8000 entró un elefante, aquí se entró fue todo el Jurassic Park a la Casa de Nariño”, afirmó, en alusión a la gravedad que, según él, representa la resolución expedida el pasado 27 de marzo.
Rendón explicó que la acción judicial incluye una solicitud de medida cautelar para suspender la resolución, la cual —asegura— estaría permitiendo la movilidad de 23 presuntos criminales considerados de alta peligrosidad. Según el gobernador, estas personas tendrían presencia en zonas estratégicas de Antioquia que concentran cerca del 70 % del potencial electoral, como el Valle de Aburrá y Rionegro.
El gobernador advirtió sobre el riesgo que esto representaría para el proceso democrático en el departamento. “No queremos que ocurra lo que infortunadamente ha pasado en otras regiones del país, donde la presencia de actores armados ilegales termina constriñendo a la ciudadanía”, señaló.
Además, insinuó que en territorios con presencia de estos grupos se han registrado votaciones atípicas a favor del partido de gobierno, lo que, en su criterio, podría afectar la libre elección de los ciudadanos en las próximas elecciones.
En su pronunciamiento, también se refirió a la organización criminal conocida como “El Mesa”, asegurando que debería ser catalogada como grupo armado organizado debido a su expansión fuera de Antioquia, con presencia incluso en departamentos como Cundinamarca, donde recientemente se han reportado hechos violentos.
Finalmente, el mandatario cuestionó que uno de sus cabecillas, alias “El Montañero”, figure entre las personas que actualmente gozan de libertad, lo que —según dijo— aumenta la preocupación frente a la seguridad y la transparencia electoral en la región.
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