📍 Colombia | En un episodio tan insólito como revelador, la Registraduría Nacional del Estado Civil se vio envuelta en una polémica esta semana tras la selección de Juan David Pérez Quintero, futbolista colombiano con discapacidad visual total e integrante de la Selección Colombia de fútbol 5 para ciegos, como jurado de votación para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.
La designación, aparentemente producto de un sorteo automatizado basado en listados remitidos por entidades públicas y privadas, incluyó erróneamente a Pérez y a al menos otras dos personas con ceguera completa en la nómina de jurados. El propio deportista difundió un video en sus redes en el que expresó su sorpresa mezclando humor e incredulidad: “¿Ahora quieren que los ciegos miren que no nos roben los votos?”, dijo, acompañando la queja con bromas sobre entregar el carné de votación “a la pared”.
La situación, que rápidamente se volvió viral, no solo puso en evidencia una falla administrativa, sino también la frustración que genera un proceso que, en teoría, debe garantizar eficiencia y equidad democrática. Pérez explicó que, pese a presentar el certificado médico que acredita su discapacidad permanente, la Registraduría habría exigido una actualización de ese documento, algo que —por definición médica— no aplica a una ceguera total.
Tras la difusión del caso y el impacto en redes sociales, la Registraduría se pronunció y exoneró de inmediato al deportista y los demás afectados de la función de jurado, ofreciendo disculpas por el malentendido y atribuyendo la anomalía a una “interpretación involuntaria e incompleta” de la documentación inicial.
La entidad explicó además que la responsabilidad de incluir datos correctos recae en las entidades que reportan las listas al sistema automatizado, en este caso la Alcaldía de Piedecuesta, Santander.
Más allá de la corrección institucional, el caso ha generado un amplio debate sobre inclusión, sensibilidad y los mecanismos técnicos del proceso electoral colombiano.
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