El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un balance sobre el avance de la nueva cárcel metropolitana para personas sindicadas, una de las obras estratégicas del Distrito para atender el problema de hacinamiento y la situación jurídica de esta población.
De acuerdo con el mandatario, el proyecto registra actualmente un 9 % de avance en obra y se prevé que entre en operación en el segundo trimestre de 2027.
“Estamos dando una solución real desde la ciudad. Este es el primer modelo en el país bajo una alianza público-privada para infraestructura carcelaria”, señaló Gutiérrez.
Un proyecto para 1.339 personas
Según la información entregada por la Alcaldía, el nuevo centro de reclusión tendrá capacidad para 1.339 personas sindicadas. La infraestructura estará conformada por seis pabellones, cada uno con 250 cupos, y un pabellón especial destinado a personas mayores de edad o con condiciones particulares, como discapacidad.
El complejo contará además con tecnología especializada para la gestión y operación del establecimiento.
Modelo de alianza público-privada
El alcalde explicó que el proyecto se ejecuta bajo un esquema de alianza público-privada (APP), en el cual el inversionista privado asume la financiación y construcción de la infraestructura.
Una vez el centro esté terminado, entrará en operación y el Distrito realizará los pagos mediante vigencias futuras por 12 años, con un valor estimado entre 56 mil y 60 mil millones de pesos, a valor presente, los cuales serán actualizados anualmente.
“Los recursos para la construcción los pone el privado y, cuando esté lista la infraestructura, inicia la operación. A partir de ese momento, el Distrito hace los aportes”, precisó el mandatario.
Cumplimiento de orden judicial
Gutiérrez también indicó que esta obra permite dar cumplimiento a una orden impartida por la Corte Suprema de Justicia, que exige a los alcaldes del país adoptar medidas para resolver la situación de las personas sindicadas en las ciudades.
Finalmente, el alcalde aseguró que el proyecto avanza conforme al cronograma establecido y reiteró que se trata de un modelo único en Colombia para el desarrollo de infraestructura carcelaria a través de esquemas de cooperación entre el sector público y privado.
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