📍 Colombia | El Gobierno nacional adoptó recientemente una nueva medida de carácter expropiatorio al incrementar de manera significativa el avalúo catastral de los inmuebles en más de la mitad de los municipios de Colombia. Bajo el argumento de actualizar el valor de grandes haciendas, se ha aplicado un aumento desmedido que termina afectando a la mayoría de los predios rurales y urbanos del país, mediante una metodología cuya pertinencia resulta cuestionable.
La metodología utilizada, establecida mediante la Resolución 1912 de 2024, corresponde a la estimación del valor por zonas homogéneas geoeconómicas. Esto implica que no se evaluó la situación particular de cada predio, sino que se aplicó un incremento generalizado a todos los inmuebles de una misma zona, sin considerar sus condiciones reales ni el uso específico de cada propiedad. Así, una vivienda familiar puede recibir el mismo avalúo que un proyecto de vivienda de lujo ubicado en el mismo sector, lo que distorsiona completamente la realidad económica de muchas familias.
Esta forma de actualización ignora contextos sociales fundamentales, como aquellos casos en los que familias rurales tradicionales habitan territorios que han experimentado procesos de gentrificación. En estos escenarios, el incremento del avalúo puede forzar a dichas familias a vender sus propiedades ante la imposibilidad de asumir el nuevo valor, provocando su desplazamiento.
Una actualización justa del avalúo debería partir de la revisión individual de cada bien, diferenciando entre propiedades destinadas a vivienda y aquellas utilizadas para la explotación económica, así como entre familias tradicionales del sector y nuevos propietarios con mayor capacidad adquisitiva. De igual forma, debería considerarse el tipo de construcción, pues no es comparable una parcela campesina tradicional con una edificación de arquitectura de autor.
En la práctica, terminan pagando justos por pecadores. El Gobierno ha señalado que los alcaldes pueden ajustar el valor catastral de manera distinta al avalúo, lo cual es solo parcialmente cierto. El margen de reducción del que disponen los mandatarios locales es muy limitado, ya que únicamente pueden disminuir hasta un 1 por mil, una cifra insignificante frente a aumentos de avalúo que, en algunas regiones, han alcanzado cifras cercanas al 100.000 %.
Este contexto ayuda a explicar las manifestaciones que se han presentado en distintas zonas del país. Aunque inicialmente la medida parecía dirigida a los grandes terratenientes, en la práctica termina afectando de manera directa a la clase media y a los habitantes tradicionales del campo, quienes enfrentan mayores dificultades para asumir el nuevo costo de sus predios.
Finalmente, esta situación puede derivar en una mayor concentración de la tierra en manos de grandes poderes económicos, incluso extranjeros, que sí cuentan con la capacidad para pagar los elevados impuestos. Adicionalmente, se corre el riesgo de un aumento en los arriendos y en los precios de los productos generados en los territorios donde se han registrado los mayores incrementos, afectando de manera directa el costo de vida y la economía local.
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